El ‘Plan Moves’, o lo que es lo mismo, Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, está orientado a incentivar la compra de vehículos alternativos o a la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Según ha confirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta segunda edición contará con una ayuda económica de 65 millones de euros, siendo un 40% más que en la del año 2019. De los fondos restantes en el actual ‘Plan Moves’ se encuentran ayudas de hasta 5.500 euros para la compra de un coche eléctrico por parte de un particular, pero con la condición de tener que achatarrar un turismo de más de 10 años de antigüedad el cual se haya tenido en propiedad al menos un año, siendo siete los años de antigüedad en el caso de ser una furgoneta.
Esta condición es probablemente el motivo por el que no se agotaron las ayudas prestadas a cada comunidad autónoma, ya que, de cara a los vehículos alternativos, deja fuera a las empresas que quieren adquirirlos para sus flotas, debido a que no disponen de vehículos con tanta antigüedad. Esta situación, junto con una valoración sobre la reducción del IVA, está siendo estudiada por el Ministerio para que en esta nueva edición 2020 no sea obligatorio dar de baja ningún tipo de vehículo. De estas ayudas podrán beneficiarse tanto personas físicas como jurídicas, autónomos, comunidades de propietarios y el sector público.
La cuantía dependerá de la autonomía de la que disponga el automóvil, siendo una cantidad mínima de 1.300 euros para vehículos que tengan una autonomía igual o menor a 12 kilómetros, y hasta los 5.500 euros si supera los 72 kilómetros de autonomía 100% eléctrica.
Para obtener dicha ayuda, el precio del vehículo no podrá superar los 40.000 euros, y en caso de que el solicitante posea algún tipo de discapacidad, movilidad reducida o familia numerosa, esta cuantía podría ascender hasta los 45.000 euros.
La gestión de estos fondos será responsabilidad de cada comunidad autónoma en coordinación con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), evitando así el tener que depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, siendo las comunidades con más habitantes censados las que cuenten con un presupuesto mayor.
Para establecer el Real Decreto, se precisará de dos meses para que se aprueben sus bases y se publiquen en el BOE, y otros dos para articular los planes por parte de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, es de esperar que no esté disponible hasta dentro de dos o tres meses.